Por ello es por lo que todos los gobiernos a la vanguardia de la represión intelectual (China, Corea del Norte o Cuba) ya habían tomado medidas contra la libertad de expresión, transmisión de información y anonimato en la red.Y hoy nos encontrabamos en la situación de que nos quieren hacer a los españoles lo mismo, tantas veces criticado contra las dictaduras antes mencionadas. Estamos hablando de la Ley Sinde que el Gobierno de Zapatero nos quiere endosar, efectivamente como las letras de cambio, camuflándose dentro de la opacidad de las palabras huecas de la "Ley de la Economía Sostenible".
Pero les hemos pillado a los políticos, nos jugamos la libertad, señores y debemos oponernos a este atropello que supone que el gobierno va a decirnos que podemos ver y no ver.
¿En que consiste la Ley Sinde?
La ley crea una Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura que será la que reciba una denuncia de un autor o particular contra una web de descargas. Estará compuesta por un representante del Ministerio Cultura, por un representante de los usuarios (no se que significa, pero me imagino que un "huntado de la OCU) y por un juez de “reconocido prestigio”.
• Posteriormente se advertirá al propietario de la página denunciada de que debe retirar los enlaces o contenidos que, a criterio arbitrario de propia comisión, violan la propiedad intelectual.
• Si la página web no retirara los contenidos considerados ilegales, la Comisión acudirá a la Audiencia Nacional, en particular los juzgados centrales de lo Contencioso administrativo, que deberá decidir en un máximo de 4 días sobre el cierre.
• En el proyecto de Ley destaca el siguiente párrafo: "La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial".
• Una vez cerrada la página, el dueño de la misma podrá interponer recurso para que un juez decida si merece el cierre o, por el contrario, ha sido una acción temeraria por parte de la Comisión.
Al final será el poder judicial, quien decida si se cierra o no la página inculpada. No obstante, la ley oculta una realidad bien distante de la pretendida equidad. En primer lugal, la tutela judicial efectiva no existe ya que la Audiencia nunca se va a pronunciar sobre la legitimidad de la página con respeto a los contenidos, sino que se centran en dictaminar si el cierre o eliminación parcial de los enlaces supone una lesión a los derechos fundamentales del propietario.
Por ejemplo, la Comisión acusa a la página Diasdeconquista de infringir los derechos de autor porque contiene enlaces hacia música protegida. Entonces la Audiencia analiza si quitando esos enlaces se anulan los derechos fundamentales a la libertad de expresión del dueño de la página. Si no lo hacen(que será lo más habitual), entonces el juez, aunque en el fondo sepa que los enlaces no son constitutivos de delito, tampoco sucede nada si los eliminan, porque no perturban la libertad de expresión. Por tanto, la página puede ser bloqueada por la Comisión con total tranquilidad. Luego vendrán las apelaciones para comprobar si en verdad atentaba o no contra los derechos de autor (pueden pasar años, que en el mundo de la información suponen siglos).
En definitiva con esta ley se pueden cerrar accesos de información bajo pretexto de enlaces ilegales, así como hacer responsable al Estado de los errores que antes asumía la SGAE (pago de indemnización y costas).
El Gran Hermano de Orson, está cada día más cerca. Rubalcaba necesitamos un gobierno que no nos mienta y que además no nos restrinja la libertad. Gracias.
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