En la ponencia política que debatiremos en el Congreso de noviembre se propone profundizar la reforma de la Constitución mediante la adopción definitiva de un modelo de Estado federal cooperativo (y que nadie se mese los cabellos y corra a derramar ceniza: se podrá defender esta fórmula o el centralismo más jacobino). Técnicamente se distinguen varios tipos de federación, que van desde fórmulas cuasi-confederales donde el Estado central es residual –la forma hacia la que deriva España en estos momentos- porque los entes federados tienen las máximas competencias posibles, hasta federaciones que tienen poco más que el nombre, con una descentralización muy pequeña (caso de la sediciente Federación Rusa). Existen formas intermedias, como la alemana, donde una amplia descentralización igualitaria se integra en un Estado unitario fuerte. En lugar de competir entre ellos, como pasa inexorablemente en el primer tipo federal citado, los entes que componen la federación cooperan entre sí en base a principios de redistribución de recursos y de equilibrio de las competencias y políticas, tanto de las descentralizadas como de las estatales (federales).
Es bastante obvio que Alemania y España tienen grandes diferencias, lo que excluye la copia mecánica del sistema. Pero el Estado alemán ofrece no pocas lecciones interesantes a un país como el nuestro, y –dicho sea sin mirar a nadie- sería de estúpidos ignorarlas. No hace mucho que Alemania ha retocado su Constitución para garantizar que el Estado común retiene recursos y competencias suficientes, único modo de que, tras la unificación de la RFA con la extinta RDA –más bien absorción de la segunda por la primera-, Alemania fuera un Estado viable, capaz de resolver el desafío de poner a los lander excomunistas al nivel de los occidentales. Las inversiones que el Estado central ha tenido que hacer en las antiguas Prusia o Sajonia para que se acercaran al nivel de Renania o Baviera dejan en pañales las contribuciones de Cataluña o Madrid al desarrollo de Extremadura o Andalucía. Ese es el propósito del federalismo cooperativo, que un Estado fuerte tenga la autoridad y los recursos suficientes para reequilibrar hacia la igualdad el grado de desarrollo de las partes que lo componen, sin prejuicio de que esas mismas partes tengan recursos propios para las políticas que más les convengan, se trate de proteger el paisaje y el ecosistema o de potenciar la industria de alta tecnología.
La realidad es que “federalismo” es un concepto tácito omnipresente en la Constitución española: no se cita nunca, pero está presente por doquier. Lo malo es que, al no citarse expresamente, el resultado es ese modelo territorial eternamente abierto y revisable que padecemos, cuyos últimos monstruitos son el nuevo Estatut de Cataluña y sus imitaciones, y el impresentable nuevo sistema de financiación de las CCAA, un híbrido inviable de bilateralidad Estado-Cataluña y diversas multilateralidades dependiendo de quién gobierne en cada comunidad, como muy bien decía ayer Alvaro Anchuelo en esta misma web. ¿Por qué la Constitución vigente rehuyó la palabra federalismo cuando le rezuma por todas partes? Hay dos razones probables: una, el temor a que los militares de entonces, obsesionados con la noción de “unidad nacional” heredada del franquismo, rechazaran la conversión de España en Estado federal al verlo como una concesión a los separatistas. La segunda, el rechazo de los propios nacionalistas catalanes y vascos (y desde luego, el desinterés de los demás partidos en aclarar las cosas con éstos).
Pese a los prejuicios de una opinión mal informada, nada horroriza más al nacionalismo separatista que el federalismo claro y franco. Contra la pretensión nacionalista de que sus naciones irredentas detentan derechos históricos y hechos diferenciales eternos, el federalismo instaura la igualdad de derechos y su exclusiva fundamentación constitucional, en vez de en mitos y zarandajas. Un poco de historia refrescará esta idea: la secesión de los Estados del sur de los USA, que dio origen a la Guerra de Secesión durante la presidencia de Lincoln, quiso justificarse en que los estados sureños tenían soberanía, instituciones y derechos especiales que la federación no podía suprimir. La federación no podía tolerar sin suicidarse que los estados miembros trocearan la soberanía común, y ya se sabe cómo acabó la historia. Desde el punto de vista constitucional, nada hay más eficaz contra el nacionalismo irredentista y separatista que la federación. ¿O alguien se imagina a Baviera, o a Prusia, que sí fueron potentes reinos independientes durante siglos, exigiendo más competencias y recursos al Estado común, bajo amenaza de marcharse de no obtenerlos? Tal cosa sólo es posible si se tolera el juego de las concesiones a costa del interés general y del chantaje permanente, que es lo que el federalismo puede erradicar en España.
Es bastante obvio que Alemania y España tienen grandes diferencias, lo que excluye la copia mecánica del sistema. Pero el Estado alemán ofrece no pocas lecciones interesantes a un país como el nuestro, y –dicho sea sin mirar a nadie- sería de estúpidos ignorarlas. No hace mucho que Alemania ha retocado su Constitución para garantizar que el Estado común retiene recursos y competencias suficientes, único modo de que, tras la unificación de la RFA con la extinta RDA –más bien absorción de la segunda por la primera-, Alemania fuera un Estado viable, capaz de resolver el desafío de poner a los lander excomunistas al nivel de los occidentales. Las inversiones que el Estado central ha tenido que hacer en las antiguas Prusia o Sajonia para que se acercaran al nivel de Renania o Baviera dejan en pañales las contribuciones de Cataluña o Madrid al desarrollo de Extremadura o Andalucía. Ese es el propósito del federalismo cooperativo, que un Estado fuerte tenga la autoridad y los recursos suficientes para reequilibrar hacia la igualdad el grado de desarrollo de las partes que lo componen, sin prejuicio de que esas mismas partes tengan recursos propios para las políticas que más les convengan, se trate de proteger el paisaje y el ecosistema o de potenciar la industria de alta tecnología.
La realidad es que “federalismo” es un concepto tácito omnipresente en la Constitución española: no se cita nunca, pero está presente por doquier. Lo malo es que, al no citarse expresamente, el resultado es ese modelo territorial eternamente abierto y revisable que padecemos, cuyos últimos monstruitos son el nuevo Estatut de Cataluña y sus imitaciones, y el impresentable nuevo sistema de financiación de las CCAA, un híbrido inviable de bilateralidad Estado-Cataluña y diversas multilateralidades dependiendo de quién gobierne en cada comunidad, como muy bien decía ayer Alvaro Anchuelo en esta misma web. ¿Por qué la Constitución vigente rehuyó la palabra federalismo cuando le rezuma por todas partes? Hay dos razones probables: una, el temor a que los militares de entonces, obsesionados con la noción de “unidad nacional” heredada del franquismo, rechazaran la conversión de España en Estado federal al verlo como una concesión a los separatistas. La segunda, el rechazo de los propios nacionalistas catalanes y vascos (y desde luego, el desinterés de los demás partidos en aclarar las cosas con éstos).
Pese a los prejuicios de una opinión mal informada, nada horroriza más al nacionalismo separatista que el federalismo claro y franco. Contra la pretensión nacionalista de que sus naciones irredentas detentan derechos históricos y hechos diferenciales eternos, el federalismo instaura la igualdad de derechos y su exclusiva fundamentación constitucional, en vez de en mitos y zarandajas. Un poco de historia refrescará esta idea: la secesión de los Estados del sur de los USA, que dio origen a la Guerra de Secesión durante la presidencia de Lincoln, quiso justificarse en que los estados sureños tenían soberanía, instituciones y derechos especiales que la federación no podía suprimir. La federación no podía tolerar sin suicidarse que los estados miembros trocearan la soberanía común, y ya se sabe cómo acabó la historia. Desde el punto de vista constitucional, nada hay más eficaz contra el nacionalismo irredentista y separatista que la federación. ¿O alguien se imagina a Baviera, o a Prusia, que sí fueron potentes reinos independientes durante siglos, exigiendo más competencias y recursos al Estado común, bajo amenaza de marcharse de no obtenerlos? Tal cosa sólo es posible si se tolera el juego de las concesiones a costa del interés general y del chantaje permanente, que es lo que el federalismo puede erradicar en España.
He seleccionado este artículo ya que refleja mi perspectiva de la situación actual de la España de las Autonomías. Un sistema asimétrico dónde todo rezuma a colores políticos, influencias, prevaricaciones y corruptelas (y no hablo de 2 trajes de 24.000 euros que es un grano de arena en el desierto del Sahara, sino 46.263.281.840 euros de Presupuestos Generales de Estado y no es una exageración, no hay más que citar la fuente), que se despilfarran de manera dispar y subjetiva en función quién tenga la sartén por el mango (que casi siempre son los vascos, navarros y catalanes -> únicos con suficiente inteligencia para entender el juego o que no quieran una solidaridad con el resto del país).
Pido igualdad y criterios objetivos para repartir los recursos que no dinero, para cubrir necesidades que no comprar coches oficiales / embajadas despilfarrar.
Después nos quejaremos de la educación, pero cómo mejorarla si los recursos concedidos son cada vez menores en unos sitios y en otros se dedican a una cruzada idiomática.
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